Lola Cubells

Un nuevo modelo y estrategia de contrainsurgencia empieza a
implementarse
contra los pueblos zapatistas
La autonomía indígena zapatista está sufriendo una fuerte represión.
Para romper el cerco mediático y visibilizar la actual estrategia
contrainsurgente en Chiapas, Ernesto Ledesma está realizando una larga
gira por Europa.

DIAGONAL: ¿Cuál es la labor del Centro de Análisis?

ERNESTO LEDESMA: El Centro de Análisis Político e Investigaciones
Sociales y Económicas (CAPISE) tiene sus oficinas centrales en San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas. Nosotros desarrollamos el trabajo en el territorio
indígena de ese Estado. Nos centramos en los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, particularmente el derecho y defensa del territorio,
el derecho a la justicia, el derecho a la identidad cultural y los derechos
políticos.

D.: ¿Por qué una gira por diferentes países europeos?

E. L.: La gira la iniciamos en México el año pasado, cuando empezamos a
documentar y a identificar una feroz ofensiva por parte del Estado
mexicano contra los pueblos indígenas zapatistas. Empezamos a
identificar reagrupamientos o reposicionamientos del ejército federal y el arribo
de ‘fuerzas especiales’ –salió ‘cantidad’ de tropa y entró ‘calidad’ de
tropa–, lo que es muchísimo más amenazante, porque cuando hay fuerzas
especiales se conforman grupos paramilitares, y se empieza a gestar una
descomposición del tejido social en las comunidades.

Empieza primero a arribar prostitución a las comunidades para atender a
las fuerzas armadas, hay introducción de alcohol. En algunos poblados
donde hay fuerzas especiales identificamos que las mujeres también
empiezan a prostituirse. Además, la reactivación del ejército y de los
grupos paramilitares es prácticamente simultánea. Por otro lado, hay
una feroz embestida. Hay decretos expropiatorios en el territorio indígena,
a través de las instituciones agrarias que le dan legalidad a los
despojos agrarios y empiezan una serie de agresiones físicas contra personas de
las bases de apoyo zapatistas, y empezamos a identificar daños en sus
bienes e intentos de desalojo y de despojo, juicios... y una complicidad en el
caso de la policía en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipal) así como en el ámbito de las fuerzas armadas. Se trata de
una articulación de instituciones de gobierno contra un pueblo indígena, en
este caso y muy centradamente contra los pueblos zapatistas.

Esta realidad originó que el CAPISE y diferentes organizaciones
iniciáramos ciclos de conferencias porque los medios no están
publicando prácticamente nada. Lo que pretendemos es que las redes, colectivos y
organizaciones tengan información veraz y certera sobre lo que está
sucediendo.

D.: ¿Qué caracteriza este período de contrainsurgencia respecto a otros
como el vivido del año '95 al '97, que desembocó en la masacre de
Acteal?

E. L.: Hay similitudes y hay novedades. Digamos que un nuevo modelo y
estrategia de contrainsurgencia empieza a implementarse contra los
pueblos zapatistas. Ahora uno de los puntos centrales es el interés, por parte
del Estado mexicano, por los recursos naturales y bióticos que hay dentro
del territorio indígena. Uno de los cambios fundamentales que estamos
encontrando es que se le empieza a dar legalidad al despojo de tierras.
O sea, la intervención de las instituciones agrarias empieza a jugar un
papel determinante.

Las instituciones agrarias conjuntamente con el Ejército federal
mexicano y la seguridad pública estatal y federal empiezan a fortalecer a un
grupo que en un principio estaba registrado como una asociación civil, la
Organización para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Campesinos (OPDDIC). Esta organización, fundada en 1988 por un ex
diputado local priísta, empezó a adquirir un gran poder en el territorio porque
las instituciones agrarias comenzaron a darle títulos de las tierras. Los
pueblos zapatistas pasaron a ser "invasores", y así empezó a haber más
presiones y más agresiones, gestándose confrontaciones en el interior
de las comunidades.

El que la dirigencia de la OPDDIC tenga rasgos paramilitares, o
directamente lo sea, tiene implicaciones mayores en una estrategia de
contrainsurgencia. A pesar de la ocupación militar agarran a unos
pueblos zapatistas fortalecidos en la construcción de su autonomía. Conforme
más se fortalecen, más los empiezan a golpear.

D.: El EZLN lanza en marzo de 2007 la Campaña en Defensa de la Tierra y
el Territorio, y en coordinación con CAPISE crea las Brigadas de
Observación Tierra y Territorio (BOTT). ¿En qué consisten?

E. L.: Con los compañeros y compañeras acordamos crear un programa de
observación, de acompañamiento y documentación para apoyar a las
poblaciones que estaban siendo agredidas y amenazadas con ser
desalojadas. Estas brigadas de información empezaron a funcionar en abril del año
pasado para poder enviar a miembros de la sociedad civil mexicana e
internacional a las comunidades. Desde estas brigadas tienen una
vinculación más estrecha con las poblaciones, hablan, se quedan con
ellos, y además les hacen entrevistas sobre lo que está pasando en sus
comunidades.

En las comunidades donde ya teníamos documentación de que estaban
empezando a entrar grupos paramilitares o fuerzas de seguridad pública,
por lo menos se logró que éstas se detuvieran. Pero el 30 de diciembre
pasado, por vez primera, una de nuestras brigadas sufrió agresiones,
privación de libertad, amenazas sexuales. Tomamos la decisión de
ejercer una acción penal contra estos agresores. Pero esto habla de los niveles
de tensión y del descontrol que tiene el Gobierno del Estado de Chiapas.

EL MEDIO AMBIENTE COMO PRETEXTO

D.: ¿El Gobierno utiliza el discurso conservacionista ambiental para la
contrainsurgencia?

E.L.: Está siendo usado como pretexto para desalojar a las poblaciones.
El Gobierno de Felipe Calderón ha desatado una escalada de decretos
expropiatorios en territorios indígenas en todo el país para la
creación de "nuevas áreas protegidas". La conservación del medio ambiente
esconde la disputa del Estado mexicano contra las poblaciones indígenas por
sacarlos de sus tierras y meter a la iniciativa privada para que
administre los recursos, creando "zonas ecoturísticas". Sirve de
vehículo para la implementación de proyectos neoliberales como el Plan Puebla
Panamá.

Este plan en los hechos está caminando y está penetrando, por ejemplo,
en la zona lacandona de manera indiscriminada, en donde están construyendo
tres supercarreteras. Calderón, junto al gobernador del Estado de
Chiapas, Juan Sabines, hacen declaraciones públicas de que van a fortalecer el
turismo y la inversión en Chiapas. Palenque, Agua Azul, zona
lacandona... van a pasar a ser centros turísticos que van a generar grandes
ingresos.
No lo ven como un territorio indígena, sino como un territorio que va a
generar ingresos.