Lo trasladaron a un penal en Puebla
Demandadas también otras siete personas

Javier Hernández Alpízar.– Elementos de la Agencia
Federal de Investigación (AFI) detuvieron al ciudadano
Guadalupe Serrano Gaspar, de aproximadamente 58 años
de edad, el martes 8 de abril como a las 15:30 horas.
La acusación contra el detenido, habitante de la
comunidad de La Gloria, en el municipio de Perote,
Veracruz, es por "ataques a las vías de comunicación",
por su participación, junto con cientos de personas de
comunidades de Perote y Puebla, en una manifestación
en la carretera a Chichicuautla, estado de Puebla, el
10 de enero de 2007, en el contexto de una serie de
protestas de comunidades contra la empresa Granjas
Carroll, productora de carne de cerdo en granjas con
criaderos masivos, de de mil o más animales por nave,
en la zona colindante entre ambos estados.
Por ser Chichicuautla una comunidad poblana, Guadalupe
Serrano fue trasladado al penal de San Miguel, en la
ciudad de Puebla. Le fijaron una fianza de 8 mil
pesos.
De acuerdo con información de personas de La Gloria,
hay otras órdenes de aprehensión, algunas contra tres
mujeres, cuyos nombres son: Berta Crisóstomo Lara,
quien el domingo pasado ganó la elección para agente
municipal; Margarita Hernández Burgos, y para la
profesora María Verónica Hernández Argüello, contra
quien por más de un año hubo un proceso en que Granjas
Carroll la acusaba de "difamación", atribuyéndole la
autoría de un texto leído en una estación de radio en
Perote, en el cual vecinos de comunidades de la zona
se quejaban de la empresa por uso excesivo de agua y
por contaminación de los mantos freáticos.
El proceso contra la profesora Hernández Argüello duró
meses, con órdenes de aprehensión y de reaprehensión,
en lo que ambientalistas y organizaciones de Jalapa
consideraron una persecución judicial contra una
defensora del medio ambiente.
El proceso por "difamación" fue sobreseído a fines de
2007 y aparentemente Granjas Carroll había desistido
de esa causa llevada contra la profesora desde febrero
de 2006. Ahora ella y otras personas que se han
manifestado contra Granjas Carroll aparecen como
acusadas por el gobierno de Mario Marín de "ataques a
las vías de comunicación".
Por su parte, Verónica Hernández asegura que ella no
participó en la marcha del 10 de enero a Chichicuautla
y afirma que todo el tiempo su participación en la
defensa del agua y el medio ambiente ha sido legal y
pacífica.
En los meses en que vivió bajó proceso Verónica
Hernández, organizaciones como el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (Cemda) pidieron al gobierno de
Veracruz, cuyo titular es Fidel Herrera Beltrán, que
tomara acciones contra la empresa y opinaron que el
juez de Jalacingo, Alberto Barrera Vázquez, no valoró
debidamente las pruebas documentales presentadas por
la acusada, en su defensa, antes de dictarle auto de
formal prisión.
Además del detenido y las tres mujeres mencionadas hay
acusaciones del gobierno de Puebla contra José Luis
Martínez Crisóstomo, originario de La Gloria, en
Perote; Jorge Bernal Zapata, de Xaltepec; Fausto
Limón, de la comunidad de Zalayeta; y un ciudadano de
Chichicuautla, Puebla, Rubén López Rivera, presidente
del comisariado ejidal de su comunidad.