Javier Hernández Alpízar

Muy delicado es el clima social en todo México. Y en
medio de toda la crispación social, el país se ha
convertido en uno de los más peligrosos en el mundo
para los periodistas. De 2000 a 2007, han desaparecido
en nuestro país 36 periodistas, y un portal de
Televisa (nada sospechosa de "izquierdismo") lo
califica como el segundo país más peligroso para
ejercer el periodismo, sólo después de Irak.
Según dio a conocer La Jornada, en 2007 la CNDH abrió
84 casos por quejas y agravios contra periodistas en
México. Entre ellos destaca un caso que es vergüenza
nacional, el de la persecución contra la periodista
Lydia Cacho.
Recientemente, la atención de medios y lectores se
volcó en el caso del despido de Carmen Aristegui de
una empresa del grupo Televisa. Pero no es el único,
ya habíamos comentado en este espacio del robo, en la
ciudad de México, de una computadora, es decir, de
información, archivos, a la reportera Gloria Muñoz
Ramírez, colaboradora de La Jornada e integrante de la
redacción de Ojarasca y de la revista Rebeldía.
Asimismo, Hermann Bellinghausen denunció espionaje en
su contra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El
enviado de la Jornada es también parte del consejo
editorial de Ojarasca. Ambos casos tuvieron mucho
menos difusión que, por ejemplo, el de Aristegui.
El año pasado, el 30 de noviembre, fue agredido en
Oaxaca Fernando Gálvez de Aguinaga, también
periodista, promotor del arte y colaborador de medios
como La Jornada. En este caso, la agresión fue en
Oaxaca, y corrió a cargo del pintor y funcionario
público del gobierno de Ulises Ruiz, Luis Zárate
González.
En estos casos, con diversas formas de agresión e
intimidación, se muestra que es un fenómeno nacional,
bajo gobiernos de distinto signo político, como el
priismo en Oaxaca y Puebla, el perredismo en la ciudad
de México, el priismo- perredismo en Chiapas, y el
panismo del gobierno federal.
La reacción ciudadana de repudio ha sido desigual. Por
la razón misma de que el foro que tiene o tenía cada
comunicador le da acceso a mayor o menor público. Muy
sonados, los casos de Carmen Aristegui, como antes de
José Gutiérrez Vivó; menos conocidos, aunque quizá
sean periodistas aún más comprometidos y por ende
arriesgados los de Gloria Muñoz Ramírez, Hermann
Bellinghausen y Fernando Gálvez de Aguinaga.
Hoy nos preocupa que, en las recientes semanas, parece
que las agresiones e intimidaciones a periodistas
llegan a Veracruz, en el caso de los corresponsales de
los dos medios nacionales Proceso y La Jornada.
En el primer caso, bajo el supuesto de que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos ha exigido al gobierno de
Veracruz investigar quién "retiró del expediente" una
fotografía del cadáver de Ernestina Ascencio, la
indígena nahua de Zongolica cuya muerte ha ocupado, y
al parecer seguirá ocupando, a la prensa nacional e
internacional, y en cuyo caso las autoridades
estatales pasaron de una explicación (violación,
cometida por efectivos militares) a otra
diametralmente opuesta (la de la CNDH, muerte por
anemia, es decir por hambre y pobreza), la
Procuraduría General de Justicia del Estado ha
demandado, según el modo en que fue citado el
reportero, a los autores de un reportaje sobre el
caso: Regina Martínez y Rodrigo Vera, de Proceso.
El asunto suena extraño por todos lados que se le
mire. Desde el interés de la CNDH sobre un caso en el
que ha sido criticada por actuar más como ministerio
público, y como abogado defensor de la Sedena, que
como defensora de los derechos humanos, hasta la
disciplina del gobierno veracruzano, como si la CNDH
tuviera una gran capacidad de "presionar" a los
gobernantes.
Además, Proceso ha sido un medio crítico,
informativamente crítico, del gobierno de Fidel
Herrera. Por ejemplo, respecto a las inversiones de
una empresa productora de energía eléctrica que el
semanario atribuye a propiedad de Kamel Nacif, el rey
de la Mezclilla, aunque el gobierno estatal niegue ese
dato.
Y para incrementar sospechas y dudas muy razonables,
en unos cuantos días han robado dos veces sus
pertenencias al corresponsal de La Jornada en Veracruz
Andrés Timoteo. La primera, según su testimonio,
solamente le robaron información (archivos de 2004 a
2006) e instrumentos de trabajo: computadora portátil
y memorias USB.
Luego, le volvieron a robar, pero esta vez un saqueo
general, ¿como para hacer menos "sospechoso" el robo
anterior? El segundo hurto fue manejado por Notiver
como parte de la "inseguridad" general.
Como lectores, debemos mucho a los reporteros Regina
Martínez, Rodrigo Vera y Andrés Timoteo, así como a
los medios nacionales en que escriben.
Creemos que el gobierno veracruzano pierde mucha
credibilidad si los periodistas que han sido
independientes y, por lo tanto, críticos de su
régimen, se ven acosados sea por citatorios o por
robos tan extraños.
Por lo tanto, es nuestro deber exigir respeto a la
libertad de información, la libertad de expresión y la
libertad de prensa, y sobre todo respeto a la
integridad y el trabajo de estos comunicadores.
La existencia de informadores independientes y
críticos es una necesidad, incluso prácticamente de la
salud mental de los lectores, en medio de un panorama
gris de sumisión y disciplinamiento de los medios
comerciales.